• La actual administración ha logrado tramitar más del 60% de las hectáreas inscritas en etapa administrativa y las radicadas en demanda, superando de lejos lo realizado por gobiernos anteriores. 

Bogotá, 10 de junio de 2026 (@URestitucion). La política de restitución de tierras avanza como uno de los principales motores de justicia social y transformación rural del Gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el país registra resultados históricos en materia de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, consolidando un modelo que pone en el centro los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Con la conmemoración nacional, este miércoles 10 de junio, de los 15 años de la Ley 1448 de 2011 —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras—, esta administración trae a la opinión pública los numerosos logros que alcanzado en defensa de las poblaciones que han sufrido el despojo y abandono forzado en el país.

Durante la actual administración, la URT ha inscrito más de 8,5 millones de hectáreas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), cifra que representa el 60,3% de todo lo alcanzado en etapa administrativa en la historia de la política de restitución. Este avance ha sido posible gracias a una transformación institucional impulsada por un enfoque garantista con las víctimas.

Bajo el liderazgo del mayor Giovani Yule, director general de la URT, la entidad revirtió una tendencia histórica a la negación, que durante años limitó el ingreso de solicitudes de las víctimas al registro. Mientras antes de 2022 predominaban las decisiones negativas, hoy el 72% de los casos evaluados concluyen con inscripción al RTDAF. Es decir, ahora son más las decisiones favorables para la población.

Los resultados también se reflejan en la etapa judicial. Durante este gobierno se han demandado más de 8,6 millones de hectáreas, equivalentes al 61% de toda la tierra reclamada en la historia de la entidad. De igual forma, cerca de la mitad de todas las hectáreas restituidas mediante sentencia desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 se han logrado durante la actual administración.

Como resultado de este esfuerzo institucional, más de 547.000 hectáreas han sido restituidas, beneficiando a más de 37.000 personas y 12.000 familias que hoy reconstruyen sus proyectos de vida en diferentes regiones del país. Entre los procesos más representativos se destacan las restituciones colectivas realizadas en territorios indígenas y afrodescendientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cauca, Chocó, Antioquia, Meta y Valle del Cauca.

La restitución étnica también presenta cifras sin precedentes. En la actual administración han sido radicadas 368 demandas en favor de 383 comunidades ancestrales, lo que representa el 61% de todas las demandas étnicas presentadas desde la creación de la política pública. Actualmente, la entidad reclama ante la justicia especializada la protección de los derechos territoriales de más de 122.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, sobre más de 8,3 millones de hectáreas de territorio ancestral.

El enfoque de género se ha consolidado como una prioridad institucional. Gracias a estrategias como la Mesa de Mujeres y el Programa de Acceso Especial a Mujeres (PAEM), el número de mujeres inscritas en el registro pasó de 1.740 en 2021 a 3.845 en 2025, garantizando una participación cada vez más amplia de las mujeres víctimas dentro de la política de restitución.

En materia de cumplimiento de sentencias, la URT ha invertido más de $714.000 millones de pesos para atender órdenes judiciales en favor de las víctimas. De estos recursos, más de $111.000 millones de pesos se han destinado a proyectos productivos que fortalecen la economía rural y popular, beneficiando a 2.424 familias en 28 departamentos del país.

La entidad también ha ampliado el alcance de la restitución mediante la implementación de nuevas herramientas, como la ruta para sujetos colectivos campesinos —que impacta miles de casos que venían rezagados de otras administraciones—, la estrategia de litigio estratégico, las Iniciativas de Seguridad y Soberanía Alimentaria para pueblos étnicos y el Observatorio Jurisprudencial, que incorpora inteligencia artificial para fortalecer el análisis de los procesos de restitución.

A estos avances se suma el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios, bien sea a través del Modelo 8 de Seguridad Humana, mecanismo que permite el ingreso seguro a zonas de difícil acceso, o con la reapertura de regionales clausuradas en anteriores gobiernos, como la Dirección Territorial Chocó, la puesta en funcionamiento de la sede de Tumaco y la ampliación de la atención en regiones priorizadas como el Catatumbo.

Finalmente, y entre muchos otros logros, la Unidad de Restitución de Tierras se convirtió en la primera entidad en reglamentar la Ley 2421 de 2024, permitiendo que las víctimas residentes en el exterior puedan acceder a mecanismos de reparación integral como la compensación monetaria.

Queda claro: la articulación institucional y el protagonismo que el Gobierno de Gustavo Petro le ha dado a las comunidades está dejando hitos que demuestran cuál es el camino. Hoy, la restitución de tierras es justicia social, es reparación integral y es Reforma Agraria en marcha. ¡Con dignidad, estamos cumpliendo!

Unidad de Restitución de Tierras

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