Durante el primer semestre de 2026, la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) refuerza la protección jurídica de las comunidades ancestrales con la consolidación de su Coordinación Judicial, entre otras acciones.
Bogotá, 17 de julio de 2026 (@URestitucion). La Dirección de Asuntos Étnicos continúa consolidando el componente judicial de la ruta étnica de restitución como una herramienta para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras afectadas por el conflicto armado.
Como parte de este fortalecimiento institucional, durante 2026 la DAE consolidó una Coordinación Judicial especializada, creada para acompañar y hacer seguimiento a los procesos de restablecimiento de derechos étnico-territoriales y a las medidas cautelares previstas en los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011.
En el primer semestre del año fueron presentadas dos nuevas solicitudes de medidas cautelares para proteger los derechos territoriales de la Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxab de Caldono, en el departamento del Cauca, y del Resguardo Indígena Morichal Viejo, en Guaviare. Estas actuaciones buscan salvaguardar los derechos de más de 21.600 personas pertenecientes a comunidades indígenas y proteger más de 700.000 hectáreas de territorios colectivos. En el caso de la Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxab, las medidas fueron decretadas por la autoridad judicial en abril de 2026.
La Coordinación Judicial también fortaleció la representación de la Unidad en 11 procesos judiciales y de medidas cautelares, relacionados con pueblos indígenas y comunidades negras en distintas regiones del país, brindando acompañamiento técnico y jurídico a los equipos territoriales para avanzar en la protección efectiva de los derechos colectivos.
Como parte del fortalecimiento de la ruta étnica, la DAE prestó asistencia jurídica permanente a las direcciones territoriales de la URT mediante la revisión de demandas, orientación frente a decisiones judiciales, acompañamiento a mesas técnicas y construcción de estrategias jurídicas para casos de alta complejidad en departamentos como Cauca, Nariño, Córdoba, Putumayo, Bolívar y Valle del Cauca.
El informe también evidencia avances en el fortalecimiento técnico de la etapa judicial. Durante el semestre se actualizaron dos estudios preliminares que permitirán continuar el trámite de restitución de comunidades indígenas Siona en Putumayo y se consolidó un análisis nacional sobre 60 demandas archivadas, identificando las principales causas procesales para generar lineamientos que mejoren la calidad de las futuras demandas y reduzcan los riesgos de inadmisión o rechazo.
Para la directora de Asuntos Étnicos de la URT, Enelia Salinas Chivatá, el fortalecimiento del componente judicial representa un avance decisivo para garantizar los derechos territoriales de los pueblos étnicos. “La restitución étnica exige una defensa jurídica sólida, capaz de responder a la complejidad de los territorios y de las afectaciones sufridas por las comunidades. Reforzar el litigio estratégico y las medidas cautelares significa ofrecer mayores garantías para la protección de los pueblos indígenas y las comunidades negras, mientras avanzan los procesos de restitución”, argumentó.
Por su parte, el coordinador judicial de la Dirección de Asuntos Étnicos, Leonel Alejandro López Morales, destacó que la especialización del componente judicial ha permitido robustecer la respuesta institucional. “La creación de la Coordinación Judicial nos ha permitido acompañar de manera más especializada los procesos en etapa judicial, fortalecer la asesoría a las direcciones territoriales y consolidar estrategias jurídicas que mejoran la protección de los derechos étnico-territoriales y la calidad de las actuaciones presentadas ante los jueces especializados”, dijo.
La Dirección de Asuntos Étnicos continuará fortaleciendo durante el segundo semestre de 2026 la protección preventiva de los territorios, el acompañamiento a las autoridades étnicas y la consolidación de herramientas jurídicas que permitan avanzar en la restitución efectiva de los derechos territoriales, reafirmando el compromiso de la Unidad de Restitución de Tierras con la justicia territorial, la reparación integral y la construcción de paz en los territorios étnicos.
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