Durante el primer semestre de 2026, la DAE cumplió la totalidad de la meta prevista para el cumplimiento de órdenes judiciales de restitución étnico-territorial y superó en un 49% la meta de mesas de articulación interinstitucional, consolidando avances en la implementación de las sentencias y en la reparación integral de comunidades ancestrales.

Bogotá, 10 julio de 2026 (@URestitucion). La Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) continúa consolidando la etapa de posfallo como uno de los principales instrumentos para garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias en favor de los pueblos y comunidades étnicas. 

Con corte al 30 de junio de 2026, la Dirección alcanzó el 100% de la meta institucional, con 75 órdenes judiciales cumplidas, y realizó 67 mesas de articulación interinstitucional, superando en un 49% la meta prevista para el semestre. Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la coordinación entre entidades del Estado, autoridades étnicas y comunidades para avanzar en la implementación efectiva de las decisiones judiciales.

Durante el semestre, la gestión concentró sus principales esfuerzos en la ejecución de las medidas de entrega de territorios (15 órdenes) y vivienda (14 órdenes), seguidas por actuaciones relacionadas con compensación, seguimiento, iniciativas de seguridad y soberanía alimentaria (ISSA), audiencias de seguimiento y traducción, priorizando aquellas órdenes con mayor impacto para las comunidades beneficiarias.

En términos generales, la Unidad de Restitución de Tierras registra 501 órdenes judiciales derivadas de sentencias de restitución étnica, de las cuales 265 ya han sido cumplidas, equivalentes al 53% del total. Otras 222 órdenes continúan en proceso de implementación y 14 corresponden a órdenes moduladas, reflejando un avance sostenido en la materialización de los derechos reconocidos por los jueces especializados.

El informe también evidencia la consolidación del componente posfallo de la Dirección de Asuntos Étnicos, que desde 2025 asumió la gestión integral del cumplimiento de las sentencias, fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, la articulación interinstitucional y el acompañamiento técnico a las comunidades indígenas y negras beneficiarias de la restitución colectiva. Asimismo, durante la vigencia de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, se han proferido 65 sentencias de restitución de derechos territoriales étnicos, de las cuales 35 fueron emitidas a partir de 2024, escenario que ha incrementado significativamente las acciones de implementación y seguimiento en los territorios.  

Para la directora de Asuntos Étnicos de la URT, Enelia Salinas Chivatá, estos resultados demuestran que la restitución étnica solo adquiere sentido cuando las decisiones judiciales se convierten en transformaciones reales para las comunidades. “Nuestro compromiso no termina con la sentencia. El verdadero desafío es hacer que cada orden judicial se traduzca en garantías efectivas para los pueblos indígenas y las comunidades negras. Ese es el propósito del posfallo: convertir los derechos reconocidos por los jueces en realidades que fortalezcan el territorio, el gobierno propio y la reparación integral”, dijo.

Por su parte, el coordinador de Posfallo de la DAE, Gustavo Imbacuán, destacó el trabajo articulado que ha permitido acelerar el cumplimiento de las órdenes judiciales. “Estos resultados son producto de un trabajo de equipo permanente entre las autoridades étnicas, las entidades del Estado y los equipos territoriales de la Unidad. Superar las metas de cumplimiento y de articulación demuestra que es posible avanzar con mayor eficiencia en la implementación de las sentencias y reducir progresivamente el rezago histórico en su ejecución”, afirmó. 

De cara al segundo semestre, la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT está llamada a continuar fortaleciendo la coordinación con las entidades responsables del cumplimiento de las sentencias, impulsando nuevas medidas de reparación integral y consolidando un modelo de posfallo orientado a garantizar la protección de los derechos territoriales, la permanencia de los pueblos en sus territorios y la construcción de una paz con enfoque étnico y presencia efectiva del Estado.