Durante la jornada de empalme liderada por la Unidad de Restitución de Tierras, el director de CODHES destacó de la administración saliente el desmonte de obstáculos que bloqueaban la reparación integral; el modelo de participación ciudadana que generó confianza y aumentó el número de solicitudes; así como el vínculo de las perspectivas territoriales, multidimensional e interseccionales en la ejecución de la política.
Bogotá, 21 de julio de 2026 (@Urestitucion). “En algún momento, nosotros, la sociedad civil, dijimos que la tierra abandonada y despojada en Colombia sumaba 6 millones de hectáreas; nos cuestionaron diciendo que era escandaloso. Hoy la gestión adelantada por la URT registra más de 14 millones de hectáreas solicitadas en demanda”, señaló Marco Romero, director de CODHES – Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, tras conocer los resultados presentados por la subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Aura Bolívar Jaime.
Romero reiteró que, aunque hubo intentos históricos como la Reforma Agraria de Alfonso López Pumarejo (Ley 200 de 1936) —dirigida a modernizar la producción agrícola, proteger a campesinos sin tierra y regularizar posesiones—, esos esfuerzos no se consolidaron debido a la violencia. Recordó además la Ley 387 de 1997, sancionada en el gobierno de Ernesto Samper para prevenir el desplazamiento, y la posterior Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, impulsada en el gobierno de Juan Manuel Santos, a la que se le hicieron importantes cambios en el gobierno de Gustavo Petro, que ha puesto en el centro a las víctimas de abandono forzado y despojo de tierras.
Romero resaltó que las víctimas ya no tienen la carga de la prueba y que se ha buscado equilibrar el acceso a la justicia. Una vez conoció los resultados de la gestión del actual Gobierno —al desmontar procesos administrativos y jurídicos que limitaban la ejecución de políticas de restitución y permitió integrar perspectivas territoriales, multidimensionales e interseccionales en la labor de la URT—, el director de CODHES visualiza una política pública que aporta a la construcción de una Colombia que rompe las brechas de la desigualdad.
Otro factor que, según Romero, impulsó el aumento de solicitudes de restitución fue el modelo de participación promovido por la Unidad, que generó confianza entre las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, en las que se facilitó la presentación de sus reclamaciones.
“No puede haber regresividad en estas políticas. Hay que asegurarnos de que los avances de los distintos gobiernos se incorporen a un propósito nacional: garantizar que las víctimas recuperen sus derechos y brindarles una segunda oportunidad sobre la tierra es construir una paz estable y duradera”, concluyó.
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