En respuesta a la solicitud presentada por la URT, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó implementar acciones para salvaguardar los derechos de esta comunidad ancestral, ubicada en el municipio de Calamar (Guaviare), así como de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan áreas colindantes al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
Bogotá, 17 de junio del 2026 (@URestitucion). La justicia especializada en restitución de tierras dio un paso significativo en la protección de los derechos étnico-territoriales en la Amazonía colombiana, al adoptar medidas cautelares en favor del Resguardo Indígena El Itilla y de las comunidades en aislamiento voluntario pertenecientes al pueblo Carijona.
La decisión judicial responde a la solicitud formulada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección de Asuntos Étnicos (DEA), que advirtió la existencia de riesgos extraordinarios para la comunidad indígena derivados del conflicto armado, la presencia de actores ilegales, las dinámicas de deforestación, la explotación ilícita de recursos naturales y otras amenazas que comprometen su pervivencia y territorio ancestral.
El Resguardo El Itilla agrupa a pueblos indígenas de la familia Tukano Oriental y se encuentra ubicado en una zona estratégica para la conservación ambiental y cultural de la Amazonía, colindante con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, donde existe presencia de pueblos indígenas en aislamiento.
Entre las medidas adoptadas se destacan acciones para fortalecer la protección colectiva del territorio, garantizar la atención humanitaria y en salud de las comunidades afectadas por el conflicto, prevenir el reclutamiento de menores, avanzar en la seguridad jurídica del resguardo y promover coordinación institucional para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento.
La providencia también impulsa la articulación entre entidades nacionales, departamentales y locales para la implementación de programas de seguridad alimentaria, fortalecimiento territorial, educación con enfoque diferencial y protección ambiental, reconociendo la especial vulnerabilidad de las comunidades indígenas que habitan esta región del país.
Además, el despacho judicial dispuso el seguimiento por parte de los organismos de control y ordenó a las entidades involucradas presentar informes periódicos sobre las acciones adelantadas para garantizar el cumplimiento de las medidas.
Con esta decisión, el país avanza en la protección de los pueblos indígenas, al tiempo que previene nuevas afectaciones sobre territorios y comunidades históricamente impactadas por el conflicto armado. ¡Con dignidad, cumplimos!
Unidad de Restitución de Tierras
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