Esta política pública debe garantizar no solo la devolución de predios, sino reparación y vida digna para las familias afectadas por el conflicto. Este fue uno de los principales llamados en la jornada académica del II Congreso Nacional de Restitución de Tierras.

Barranquilla, 8 de mayo de 2026 (@URestitucion). Expertos, magistrados, representantes institucionales, organizaciones sociales y étnicas coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre entidades y avanzar hacia una política pública integral, que garantice soluciones duraderas para las víctimas de despojo y desplazamiento forzado en el país.

Los participantes señalaron que, aunque existen planes y sentencias aprobadas, muchas veces no cuentan con recursos suficientes ni mecanismos que obliguen a las instituciones a cumplir sus responsabilidades. En ese sentido, se insistió en que la implementación de la política pública de restitución debe construirse desde los territorios, escuchando a las comunidades y superando visiones centralistas. También se destacó la necesidad de elaborar diagnósticos territoriales y planes de acción específicos, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, así como aprovechar la oportunidad del CONPES para alinear recursos y fortalecer la inversión entre 2026 y 2031.

Avances y tecnología en el ámbito catastral

En el panel ‘Producción colaborativa de información territorial: experiencias aplicadas para la identificación predial en Colombia’, se analizaron experiencias enfocadas en fortalecer los procesos de gestión y restitución de tierras mediante herramientas participativas y confiables. 

Durante su intervención, Elkin Ramírez, director técnico de Geoestadística del DANE, destacó que el registro multidimensional representa un avance en la producción estadística, incorporando enfoques diferenciales y multiculturales construidos desde las necesidades reales de las comunidades. “La tecnología puede mostrarnos una foto estática, pero el conocimiento y el saber ancestral están en los territorios y en las manos de las comunidades étnicas”, dijo.

Por su parte, Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, señaló que la información proveniente de los territorios debe servir como herramienta para prevenir futuros despojos y documentar las causas estructurales del conflicto.

Proteger la memoria para reparar

En el panel ‘Memoria, justicia y restitución de tierras: archivos, voces y reparación transformadora’, los participantes reflexionaron sobre el papel de los relatos de las víctimas en la garantía de verdad, justicia y garantías de no repetición. Se recalcó que los archivos de restitución no solo resguardan documentos, sino también voces y experiencias que las dignifican y fortalecen los procesos de reparación colectiva. 

Jaqueline Campos, secretaria general de la URT, afirmó: “los archivos no son solo carpetas: son las voces, los silencios y la memoria viva de un país que no puede permitir nunca más el despojo”. Asimismo, insistió en que la verdad institucional debe trascender los gobiernos y mantenerse como una herramienta permanente para evitar la repetición de la violencia y proteger los derechos de las comunidades.

Durante la jornada también se presentó una herramienta tecnológica colaborativa para fortalecer el seguimiento y cumplimiento de las órdenes judiciales derivadas de las sentencias de restitución de tierras. La plataforma permitirá que las entidades nacionales y territoriales consulten, gestionen y reporten avances sobre las órdenes que les corresponden, facilitando la articulación institucional y el monitoreo en tiempo real.

Actualmente existen más de 11.000 sentencias con cerca de 440.000 órdenes judiciales, de las cuales solo el 14 % corresponden directamente a la Unidad de Restitución de Tierras, mientras el resto involucra a más de 1.200 entidades. “Las sentencias de restitución no pueden quedarse en el papel: esta herramienta convierte las órdenes judiciales en seguimiento, articulación y cumplimiento real para las víctimas”, explicó la subdirectora general de la Unidad, Aura Bolívar.

Impulsar las soluciones junto a las comunidades

En el panel ‘Perspectivas del cumplimiento de la restitución’, los participantes coincidieron en que esta política pública debe entenderse como un proceso integral de reparación, donde el territorio representa identidad, cultura, dignidad y reconstrucción del tejido social. “La reparación no puede partir de la voluntad del juez, sino de la escucha profunda a las víctimas y de entender que el territorio no es tierra: es identidad, cultura y dignidad”, concluyó Ada Patricia Lallemand, presidenta de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena.

Finalmente, la jornada concluyó con el panel ‘Justicia restaurativa y restitución de tierras: articulación de jurisdicciones para la reparación integral y la construcción de paz territorial’, un espacio orientado a analizar mecanismos de coordinación entre jurisdicciones restaurativas y ordinarias para fortalecer la reparación integral, garantizar el cumplimiento de las medidas de restitución y avanzar en la construcción de paz en los territorios afectados por el conflicto armado.

El II Congreso Nacional de Restitución de Tierras concluirá este viernes con estrategias reforzadas y decisiones vinculantes que permitirán trazar un rumbo claro para cumplirle, con dignidad, a las víctimas en Colombia. 

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