En el Consejo Superior de Restitución de Tierras se presentó el balance de los cuatro años de gestión de la saliente administración, con énfasis en los avances alcanzados durante 2026.

Bogotá, 6 de agosto de 2026 (@URestitucion). En el marco de este consejo, la máxima instancia de coordinación de la política de restablecimiento de derechos territoriales, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó el balance de los resultados alcanzados durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, tal como los avances registrados en lo corrido de 2026.

Durante la jornada, los directivos de las áreas misionales y de apoyo estratégico expusieron los logros de la gestión y las acciones implementadas para fortalecer la atención a las víctimas de desplazamiento forzado y despojo.

El mayor Giovani Yule, director general de la URT, agradeció el respaldo de las entidades estatales, las organizaciones sociales, la sociedad civil y la cooperación internacional para avanzar en la implementación de la política de restitución. “Unimos la fuerza de las comunidades y la fuerza del Estado para cumplirle a las víctimas desplazadas y despojadas”, recalcó.

Yule dijo que, gracias al trabajo articulado y comprometido, actualmente se encuentran inscritas más de 13 millones de hectáreas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Asimismo, resaltó que durante su administración se promovió la participación comunitaria y la escucha activa en los territorios. Esta estrategia permitió fortalecer la confianza de las víctimas en la institucionalidad y facilitar que más personas hicieran solicitudes.

El director también destacó la articulación con la Rama Judicial, que permitió la creación de cinco despachos étnicos para impulsar la ruta de atención colectiva dirigida a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Avances en la atención y el registro de reclamaciones

Durante la sesión, Aura Bolívar, subdirectora general de la URT, informó que, en los 15 años de implementación de la política de restitución, la entidad ha recibido 175.768 solicitudes. De estas, 50.228 han sido inscritas en el RTDAF, mientras que 69.068 no fueron inscritas al no cumplir con las disposiciones de ley. 

Bolívar recalcó que la actual administración, a través de un enfoque pro víctima, logró revertir la tendencia de negación de las solicitudes que se evidenció en gobiernos pasados. Por ello, hoy el 72% de las reclamaciones son aprobadas y el 28% negadas. “La atención pro víctima nos permitió cambiar dicha tendencia y avanzar hacia un modelo que reconoce las condiciones particulares de quienes acuden a la Unidad en busca del restablecimiento de sus derechos”, argumentó.

La funcionaria también hizo mención a las disposiciones incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que habilitaron el trámite para restablecer los derechos de las víctimas en predios baldíos no adjudicables y reconocieron la situación de los segundos ocupantes, en cumplimiento de la Sentencia C-330 de 2016.

Medidas para superar barreras de acceso a la restitución

Otro de los avances fue la expedición del Decreto 1623 de 2023, que estableció medidas para superar barreras relacionadas con la protección ambiental. Esta norma permite que las víctimas puedan acceder a la restitución o a medidas de compensación cuando los predios reclamados están en zonas protegidas.

El decreto también impulsó a la Unidad a diseñar una estrategia para identificar predios localizados en zonas no microfocalizadas y avanzar en la atención de más de 17.000 solicitudes ubicadas en territorios con alteraciones del orden público, condiciones de riesgo o baja densidad histórica de despojo.

También se resaltaron las disposiciones del Decreto 797 de 2025, orientadas a superar las barreras de acceso a la tierra para las comunidades campesinas. Igualmente, se fortaleció la atención a los segundos ocupantes, con el propósito de garantizarles el acceso a medidas de compensación. También se destacó la expedición y reglamentación de la Ley 2421 de 2024, que establece medidas de reparación para víctimas que se encuentran radicadas en el exterior.

Revisión de decisiones y restitución en territorios colectivos

La Unidad destacó también la revisión de solicitudes sobre predios ubicados en zonas de especial protección. En este proceso fueron revisadas 2.658 solicitudes negadas en administraciones anteriores. Como resultado, se revocaron 1.492 decisiones, de las cuales 499 predios fueron inscritos en el RTDAF.

Otro de los avances presentados fue la consolidación de la ruta colectiva campesina, mediante la cual se identificaron 63 casos que agrupan 1.900 solicitudes. De estos, 20 se encuentran en análisis, 26 están en trámite administrativo y 19 han avanzado a demanda. Con esta ruta se logró la primera sentencia a favor de un sujeto colectivo campesino: el fallo benefició a 26 familias y permitió restituir un predio de 200 hectáreas en Chalán (Sucre).

En relación con las comunidades étnicas, la Unidad reportó 672 casos inscritos, de los cuales 625 se encuentran en etapa de demanda. A la fecha, se han proferido 65 sentencias.

Articulación interinstitucional

El Consejo Superior de Restitución de Tierras fue presidido por José Luis Quiroga, viceministro de Desarrollo Rural del Minagricultura, quien destacó los esfuerzos institucionales para garantizar que la política de restitución vincule a los sujetos de especial protección constitucional. También resaltó las acciones para modernizar los mecanismos de seguimiento a las órdenes impartidas por los despachos judiciales, con el fin de materializar la reparación de las víctimas.

En la sesión participaron representantes de la ANT, el IGAC, la Unidad para las Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro, tal como los ministerios del Interior, Defensa, Agricultura y Justicia.

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