Ambas instituciones suscribieron una resolución conjunta que adopta el Protocolo Interinstitucional para el Cumplimiento de Órdenes Judiciales de Restitución de Tierras, en cumplimiento de la Sentencia T‑120 de 2024 de la Corte Constitucional. Con la medida se busca articular a las entidades públicas implicadas en la protección de derechos de las víctimas.

Bogotá, 2 de julio de 2026 (@URestitucion). En la presentación del protocolo, Aura Bolívar, subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), expuso ante representantes del Ministerio Público, de entidades vinculadas mediante órdenes judiciales e instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), que el instrumento establece “una metodología de coordinación interinstitucional y un sistema de información interconectado, con el cual se busca hacer seguimiento al proceso de materialización de los derechos reconocidos a las víctimas de abandono forzado y despojo de tierras en Colombia”.

Por su parte, Alix Dunieka Aguilar, directora encargada de la Unidad para las Víctimas (UARIV), afirmó: “este protocolo responde a una necesidad que hemos identificado y es lograr que las entidades nos podamos poner de acuerdo para lograr resultados más satisfactorios en la reparación integral a las víctimas del conflicto. Es nuestro deber como Estado llegar a los territorios de manera articulada, con acciones concretas que nos permitan generar transformaciones al dar cumplimiento a las órdenes impartidas por los jueces y magistrados de la especialidad en restitución de tierras”.

Igualmente, el mayor Giovani Yule, director general de la URT, destacó: “el protocolo es el resultado del trabajo conjunto para superar los principales cuellos de botella en el cumplimiento de sentencias de restitución, a través de una ruta metodológica de trabajo coordinado con las entidades del SNARIV y la consolidación de un sistema de información para el monitoreo y seguimiento integral de las órdenes judiciales”.

El protocolo, fruto de dos años de trabajo conjunto entre la URT y la UARIV —tras la sentencia T‑120 de 2024—, incorpora una herramienta tecnológica colaborativa e interoperable que permite a cada entidad consultar las órdenes a su cargo, actualizar estados, registrar avances, cargar soportes y dejar trazabilidad documental. Por ello se enfatiza la necesidad de que las ocho entidades priorizadas en la fase uno, realicen la actualización y diligenciamiento correspondientes.

En el espacio se presentó la estrategia de socialización del protocolo, que se ejecutará entre julio y agosto de 2026 con el objetivo de difundir, apropiar y aplicar el instrumento. 

La ruta incluye:

Capacitación técnica, que inicia de manera virtual el 03 de julio de 2026 y está dirigida a profesionales de las direcciones territoriales de la URT para garantizar un mensaje institucional homogéneo.

Presentación y socialización en escenarios nacionales y territoriales, ya programados con asistencias técnicas en territorios priorizados como son: Cauca, Urabá‑Darién, Chocó y Putumayo, asistencias del Ministerio del Interior a gobernaciones en julio, segundas sesiones de subcomités técnicos del SNARIV y Comités Territoriales de Justicia Transicional en julio y agosto.

Difusión pedagógica: lanzamiento del ABC del protocolo y creación de un micrositio en el portal de la URT, que centralizará el protocolo, sus anexos y la Sentencia T‑120 de 2024. 

¿Cuáles son las nuevas recomendaciones para el nuevo Gobierno?

Incorporar el cumplimiento de órdenes judiciales de restitución en el Plan Nacional de Desarrollo y en la planeación sectorial.

Asignar presupuesto específico y trazable. 

Consolidar la herramienta tecnológica como mecanismo principal de monitoreo. 

Fortalecer la coordinación entre SNARIV, entidades territoriales, Rama Judicial y órganos de control.

Diseñar planes de fortalecimiento de capacidades para municipios con baja capacidad técnica; y priorizar casos con enfoque diferencial, territorial e interseccional.

Respecto a la herramienta tecnológica, se enfatizó en garantizar presupuesto para operación y escalabilidad; avanzar hacia interoperabilidad con sistemas administrativos; depurar y estandarizar el universo de órdenes judiciales; fortalecer capacidades de usuarios; priorizar territorios con mayor rezago; evitar la subutilización mediante compromisos institucionales y asegurar transferencia técnica y capacidad instalada en la URT.

Con la firma de la Resolución 01844 del primero de julio de 2026, la URT y la UARIV adoptan una ruta común para fortalecer articulación, coordinación institucional y seguimiento a las órdenes judiciales de restitución de tierras y derechos territoriales, buscando transformar mandatos judiciales en acciones concretas en favor de las víctimas.