La sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia, Caquetá́, restituye los derechos de madre e hijo, quienes bajo amenaza de la exguerrilla de las Farc-EP salieron huyendo para salvaguardar sus vidas.
Florencia, 13 de marzo de 2023 (@URestitución). El 15 de julio de 2011 es una fecha que no podrán olvidar Aladino Anzola Espinosa, su mamá María y su hijo Jeisson. Ese día, hombres de la exguerrilla de las Farc - EP vestidos de camuflado y armados, llegaron hasta la vivienda que ocupaban en la vereda Cococuno del municipio de Puerto Rico y les anunciaron que tenían dos días para abandonar su predio. El argumento señalado era que el hijo de Aladino pertenecía al Ejército y, en consecuencia, toda la familia era objetivo militar.
Es así, como la familia Anzola Espinosa tomó la decisión de desplazarse y dejar abandonada “La Sardina”, predio en donde tenían su vivienda con cultivos de yuca, plátano y caña de los cuales derivaban su sustento.
En 2017, Aladino, como cabeza de la familia, porque su papá había fallecido, acudió a la Unidad de Restitución de Tierras para que le fueran reconocidos sus derechos sobre el predio abandonado. Se inició entonces el trámite administrativo y judicial ante las instancias correspondientes.
En noviembre de 2022, la juez primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia, Caquetá, Susana González Arroyo, falló a favor de las pretensiones de la familia y ordenó la restitución del predio urbano “La Sardina”. El predio de más de 9 hectáreas fue entregado a la familia el pasado 28 de febrero de 2023.
La directora territorial de la URT en Caquetá, Magdalena Castellanos, quien acompañó la entrega del predio “La Sardina”, destacó este fallo y reiteró el compromiso de la entidad con las víctimas de abandono forzado de tierras en el marco del conflicto armado.
“En cumplimiento de nuestra misión institucional, es gratificante para la Dirección Territorial Caquetá, hacer entrega de este predio en restitución. De esta manera avanzamos en la reparación de los derechos vulnerados a causa del conflicto armado que hemos vivido en el departamento”, señaló la directora.
Cabe señalar que, en el municipio de Puerto Rico, entre los años 2002 y 2011, se presentaron hechos de violencia que provocaron el abandono y/o el despojo de predios cuyos propietarios solicitaron inscripción en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente (RTADF) que administra la URT. Lo anterior como consecuencia de la incursión del paramilitarismo en el municipio. Este hecho, originó que las Farc-EP ejercieran una presión cada vez más fuerte sobre la población civil y restringieran cualquier relación de sus habitantes con la Fuerza Pública.
La decisión judicial también señala que la Unidad de Restitución de Tierras debe evaluar la condición de vulnerabilidad de la familia ocasionada por el desplazamiento forzado para determinar la viabilidad de financiación de un proyecto productivo.