Sala de Prensa
Líderes sociales y comunitarios de los municipios de El Carmen, Tibú, La Playa, San Calixto, El Zulia, Ocaña y zona rural de Cúcuta tuvieron asiento en este escenario, en el que surgieron compromisos del campesinado, de las asociaciones campesinas y de la URT.
Los acercamientos con las comunidades desplazadas por el conflicto armado incluyen la recolección de pruebas sociales, en corregimientos y veredas del departamento.
Este evento, realizado en el municipio de San José del Fragua, contó con la participación de 44 lideres y lideresas comunitarias. Fue clave para determinar obstáculos en el proceso y formas de garantizar cumplimiento.
La territorial consigue el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre 12 veredas dicho municipio por temas de seguridad. Ahora, podrá trabajar en ellas en favor de las víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras.
La iniciativa tiene como objetivo principal construir una hoja de ruta conjunta que permita atender las necesidades y demandas del campesinado tolimense.
La jornada contó con la participación de 50 lideres de diferentes organizaciones campesinas del departamento, y tuvo el objetivo de abordar obstáculos en el proceso de restitución y agilizar los casos.
En el municipio de Albán se encuentra Namay Bajo, vereda que guarda la historia de Fanny, una mujer que ha superado múltiples adversidades a lo largo de su vida.
La entidad dialogó en Buenaventura con la Asociación de Cabildos Indígenas Valle del Cauca - Región Pacífico, y les explicó a sus integrantes las diferentes etapas de la ruta de restablecimiento de derechos étnico-territoriales.
Representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, Ministerio Público y las 22 instituciones del Snariv, hicieron seguimiento a las medidas adoptadas para dar cumplimiento de las órdenes de restitución de tierras, en temas de derechos territoriales, vivienda y sostenibilidad económica.
Se trata del tercero de cinco ejercicios que se realizarán este año en Meta y Guaviare, con el propósito de incentivar la permanencia en el campo, fortalecer el tejido social y revivir la esperanza en la reparación integral de las víctimas del despojo y/o abandono forzado de tierras.
Es necesario aclarar a la comunidad que la restitución es un derecho fundamental de las víctimas, por lo que nadie está autorizado a recibir dinero para realizar trámites en nombre de la entidad.
En este municipio del nuevo Corredor de la Vida se desarrolló dicho evento, parte de la estrategia de la URT para el fortalecimiento integral del proceso de restitución de tierras, en especial para el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Milena Muñoz vivió desesperanza e incertidumbre en 1993 y 1994, cuando su familia fue forzada a abandonar su predio en dicho municipio. Después de tres décadas de desplazamiento y lucha, el sueño de regresar a su tierra natal finalmente se hizo realidad gracias a la URT.
Defensores de derechos humanos, provenientes de 15 municipios guajiros, conocieron el proceso de atención a los terceros intervinientes con interés en predios solicitados en restitución de tierras.
Se trata de dos historias de vida en dos predios, ubicados en las zonas rurales de Cúcuta y El Zulia. Las beneficiarias acaban de recibir, por parte de la URT, las resoluciones de dispersión de recursos económicos que les permitirán dar apertura a sus proyectos productivos.
A finales del 2022, estas familias pudieron regresar a El Topacio, una parcelación en la vereda El Porvenir, dentro del área de explotación minera.
En los últimos 20 meses, la Dirección Territorial Putumayo ha garantizado y acompañado la implementación de 20 proyectos productivos urbanos, que suman un presupuesto de $622 millones de pesos.
Este proceso busca devolver a la comunidad Embera Dobidá el control sobre su territorio ancestral, compuesto por 8.949 hectáreas más 560 metros cuadrados, donde habitan 217 personas de 42 familias, afectadas por la violencia de grupos armados al margen de la ley.
De estos casos, 751 cuentan con sentencia proferida, con un equivalente a 4.887 hectáreas restituidas en el departamento. Así mismo, se han realizado 10.246 inscripciones en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Se desarrolló en el municipio de San Luis de Gaceno y contó con la participación de integrantes de la asociación Codebag, que tiene procesos sociales en Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare y Magdalena.