Sala de Prensa
Una vez la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena profirió, el 30 de agosto de 2023, el fallo que reconoció como víctimas de abandono forzado y/o despojo de tierras a 21 parceleros, la Unidad acompañó la entrega de los primeros predios que realizó el J
Los territorios de las comunidades ancestrales cobijadas por la acción judicial tienen una extensión de 63 mil 366 hectáreas y 7 mil 490 metros cuadrados.
Esta víctima del conflicto ha luchado, durante décadas, por el retorno de los despojados a sus tierras en el departamento y por la búsqueda de justicia para las mujeres que sufrieron violencia sexual.
Los nuevos mandatarios locales y sus secretarios de planeación pudieron escuchar los aportes formulados por los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras para sus planes de desarrollo.
‘La mamá grande del Catatumbo’, como es conocida Carmen Elena García, fue postulada para este premio nacional por su liderazgo social, a través de una asociación que agrupa a más de 800 mujeres que buscan arrebatarle sus hijos e hijas a la guerra en esta región del país.
La Unidad podrá proteger así estos dos territorios que datan de la época colonial, hoy afectados por la violencia de grupos armados, la contaminación minera y los derrames de hidrocarburos.
Este avance se da tras el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre 24 veredas de este municipio, lo que implica un alivio para los reclamantes.
Gracias al acompañamiento jurídico brindado por la URT, un juzgado especializado de Villavicencio ordenó que esta familia, víctima de abandono forzado de tierras, reciba un nuevo predio.
Con esta acción judicial, la Dirección Territorial de la Unidad acumula 17 demandas a favor de comunidades indígenas en Tolima y Huila.
En el último mes, se han presentado casos de suplantación en el país por parte de personas inescrupulosas, que solicitan retribuciones económicas por los procesos que realiza la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) a través de su Grupo Fondo realizó la octava “Asamblea para las Garantías del Derecho y la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y las Comunidades Étnicas”.
En cumplimiento de una orden judicial, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y su Grupo Fondo han puesto en marcha planes destinados a garantizar alimentación sostenible para esta comunidad del pueblo Nasa, siempre de acuerdo con sus costumbres ancestrales.
Con el objetivo de contribuir a la reparación integral de las víctimas, este despacho hizo efectiva la restitución a un beneficiario en la vereda El Placer, ubicada en el municipio de Valle del Guamuez.
Este triunfo de la familia Yanes demuestra el avance firme de la URT en el departamento para resarcir a las víctimas de la violencia en comunidades tan golpeadas como la emblemática Mundo Nuevo.
La familia había sido amenazada por grupos paramilitares que causaron muertes, desapariciones y desplazamientos forzados en zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander).
Los esfuerzos del director Giovani Yule y su equipo por construir un país que protege la diversidad étnica y cultural, han llevado, por primera vez en la historia del país, a la conformación de cinco nuevos juzgados de restitución para abordar las solicitudes de los pueblos ancestrales.
Se trata de los dictámenes proferidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia en favor del Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé, que contemplan un abanico de medidas de reparación colectivas.
El objetivo de la acción judicial es restablecer los derechos territoriales de estas familias, pertenecientes al pueblo Sikuani.
La Dirección Territorial Bogotá de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó, durante la primera semana de febrero, una demanda a favor del Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani, del pueblo Amorúa, ubicado en Puerto Carreño.
La Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Tolima, en alianza con el programa Nuestra Tierra Próspera de USAID, llevó a cabo la segunda sesión del Núcleo de exigibilidad de derechos, como parte del Programa de Acceso Especial para las Mujeres.