Sala de Prensa
Durante un subcomité departamental, se analizó junto a otras entidades las dificultades de orden público que podrían presentarse en algunos municipios y se definieron estrategias conjuntas para enfrentarlas.
Respecto a estos casos, la Dirección Territorial Meta de la URT lleva la representación judicial de las víctimas de despojo y/o abandono forzado en municipios como Puerto Gaitán, Uribe, Puerto Concordia, Granada y El Castillo en Meta, tal como Calamar en Guaviare y Medina en Cundinamarca.
Estas comunidades negras, afectadas por el conflicto armado, están más cerca de que sus derechos territoriales sobre 10.445 hectáreas sean finalmente restablecidos gracias a la labor de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Paramilitares que hacían parte del Frente Fronteras despojaron a 15 familias de cuatro veredas en dicho municipio. En su mayoría, estas personas se desplazaron hacia el casco urbano. Una de ellas acaba de recibir el fallo judicial que restablece sus derechos territoriales.
En cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, se hizo entrega material y jurídica de 233 hectáreas más 7.366 metros cuadrados al Consejo Comunitario Pueblo Nuevo, ubicado en el municipio de Zaragoza (Antioquia
Al municipio de San Juan de Rioseco (Cundinamarca) llegó la Unidad de Restitución de Tierras para desarrollar, en un trabajo articulado con la alcaldesa Erika González Rubio, esta feria.
La entidad beneficia a estas familias, ubicadas en ocho municipios del departamento, a través de estos proyectos y con 2.308 hectáreas otorgadas para implementarlos.
Con estas labores, la Dirección Territorial beneficiará a más de 150 familias que suman 1.424 hectáreas en el municipio de Puerto Guzmán.
Pasto, 9 de septiembre de 2024 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras (URT) rechaza cualquier acto de violencia en contra de las autoridades del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol y su comunidad.
La Unidad de Restitución de Tierras hizo entrega de 12.394 hectáreas y 9.769 metros cuadrados al Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé.
El director general de la entidad, Giovani Yule, posesionó a este abogado que tiene más de una década de trabajo y conocimiento en procesos de restitución de tierras.
La actual directora jurídica de la entidad asume temporalmente el liderazgo de esta territorial, con el propósito de continuar trabajando por el restablecimiento de los derechos de las comunidades víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras en la región.
La Unidad de Restitución de Tierras, en articulación con la Defensoría del Pueblo, prioriza 33 procesos de sucesión que ya cuentan con asignación jurídica en el departamento.
La URT Bogotá, con jurisdicción en el departamento de Vichada, quiere informar a las víctimas de despojo y/o abandono forzado que la oficina de atención en Puerto Carreño ahora está ubicada en el sector de la Y del Simón Bolívar.
La entidad, que ingresó junto a la Agencia Nacional de Tierras, la Comisión de Paz y la ONU, le explicó a la comunidad los mapeos del corregimiento y los procesos de la ruta colectiva e individual.
La política de restitución de tierras del Gobierno del Cambio no solo garantiza la devolución de los predios abandonados, sino que contribuye a la reparación integral de las víctimas. Es el caso de esta familia, que aunque ya retornó a su hogar, ahora recibirá diversos beneficios.
Los acercamientos con las comunidades desplazadas por el conflicto armado incluyen la recolección de pruebas sociales, en corregimientos y veredas del departamento.
Líderes sociales y comunitarios de los municipios de El Carmen, Tibú, La Playa, San Calixto, El Zulia, Ocaña y zona rural de Cúcuta tuvieron asiento en este escenario, en el que surgieron compromisos del campesinado, de las asociaciones campesinas y de la URT.
La jornada contó con la participación de 50 lideres de diferentes organizaciones campesinas del departamento, y tuvo el objetivo de abordar obstáculos en el proceso de restitución y agilizar los casos.
La territorial consigue el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre 12 veredas dicho municipio por temas de seguridad. Ahora, podrá trabajar en ellas en favor de las víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras.